Un 21 de junio de 1926 se redacta el siguiente documento en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y se envía a nuestra población para pedir al presidente municipal vigilar las acciones de los sacerdotes católicos así como informar  las actividades que desarrollen en contra del gobierno y el nombre completo de cada uno. 

Las tensiones del conflicto Iglesia-Estado se hacían sentir y la problemática surgía debido a la llamada Ley Calles la cual decidía el número de iglesias y sacerdotes en el país, negaba al clero el derecho al voto, prohibía a la prensa religiosa referirse a asuntos públicos, prohibía a los ministros de culto establecer o dirigir escuelas primarias y establecía que la educación primaria debía ser laica.